Enviado a redacción por Movilh-.-------------------------------------------------
- Tras 15 años de servicio César Contreras fue expulsado de la policía en razón de su orientación sexual y en medio de un operativo homofóbico que intentó involucrarlo en delitos que fueron desmentidos por los tribunales y por la Brigada del Ciber Crimen. Hoy en u hecho inédito demandó al fisco, con el respaldo de su madre, de su hermana y del movimiento de la diversidad sexual.
Tras ser expulsado de la Policía Civil a raíz de su orientación, el ex subcomisario César Ricardo Contreras Segura presentó hoy la primera demanda contra el fisco a raíz de un caso homofobia en las Fuerzas del Orden, contando el trámite con el respaldo de su familia y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y con el patrocinio de la Corporación Interés Público.
La acción legal incluye una demanda de nulidad del Decreto Supremo Número 7 que el 18 de enero del 2006 ordenó la baja de Contreras Segura de la Policía de Investigaciones, a objeto de ser reintegrado, así como una indemnización de 50 millones de pesos por perjuicios y la restitución de las remuneraciones y pagos previsionales desde la expulsión.
“Desde el 2006 a la fecha he vivido un infierno familiar, emocional y económico a raíz de mi injusta e inhumana expulsión de la Policía Civil, donde serví por 15 años con una trayectoria intachable que funcionarios policiales quisieron enlodar sólo a partir de mi homosexualidad”, sostuvo Contreras Segura, quien al momento de ser dado de baja se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal de Conchalí.
La demanda contra el Fisco se explica porque en reiteradas ocasiones Contreras Segura solicitó sin éxito a la Contraloría General de la República que revirtiera la expulsión determinada por el Consejo Superior de Ética de la Policía de Investigaciones sobre la base de antecedentes proporcionados por el Departamento V de Asuntos Internos.
“La homofobia de este caso, uno de los brutales conocidos por nuestra organización, queda al descubierto al comprobarse que el Departamento V de Asuntos Internos investigó la vida privada de Contreras Segura sólo por sospechar de su homosexualidad y, a partir de ahí, montó un inmoral operativo para conseguir la expulsión del funcionario”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
En la demanda contra el fisco, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackeney Arzúa, el ex funcionario alega que se violaron diversos derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley (articulo 19) y aquellos que obligan a todos los órganos del país a someterse a las normas de la Carta Magna (artículos 6 y 7).
“La administración del Estado cursó mi baja sólo por ser homosexual, lo único acreditado en todas las investigaciones que arbitrariamente se iniciaron en mi contra. Por eso la demanda es contra el fisco”, explicó Contreras Segura.
Contexto del caso
Contreras Segura comenzó a ser investigado por la policía civil en razón de su orientación sexual homosexual en julio del 2005, siendo intervenidos sus teléfonos y correos electrónicos durante varios meses, además de seguirse sus citas con personas del mismo sexo.
El Departamento V de Asuntos Internos “montó un operativo homofóbico, pues justificó este atropello a la vida privada acusando sin prueba alguna a Contreras Segura de estar vinculado a la pornografía infantil, una de los sospechas más graves y dañinas que puede caer sobre un ser humano”, añade el Movilh.
La versión que vinculada a al ex funcionario con ese delito fue desmentida el 26 de agosto del 2005 por una investigación de la propia Brigada del Ciber Crimen que nunca se hizo llegar al Consejo Superior de Ética.
El informe pericial 115 del Ciber Crimen también fue visto por el 12 Juzgado del Crimen de Santiago, el cual el 26 de julio del 2006 sobreseyó la causa iniciada contra Contreras Segura por cuanto no se acreditó el delito denunciado por el Departamento V.
El 2007 el caso fue también estudiado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual concluyó que efectivamente el funcionario había sido expulsado en razón de su orientación sexual y que todas las acusaciones en su contra eran falsas.
“Ninguno de los delitos que se me imputó fueron acreditados. Lo único que se acreditó fue mi homosexualidad, siendo incluso dado de baja antes de que tribunales y la Brigada del Ciber Crimen iniciaran las investigaciones. El procedimiento siempre fue irregular y provocó un profundo e irreparable daño en mi honra y dignidad. Tan sólo el relato de estos hechos es doloroso. Imaginen lo que es vivirlos”, señaló el afectado, en compañía de su madre, Orlanda Segura.
Redondeó que “tan así es esto que el Consejo Superior de Ética al acreditar mi “orientación bisexual” me acusa de tener “una conducta inaceptable, contraria a la doctrina institucional. Este mismo argumento sirve de base para que la Administración del Estado curse mi baja”.
Puntualizó que “la administración del Estado al decretar mi baja ubicó a las personas de mi orientación sexual en una situación de inferioridad respecto de las demás, toda vez que, por ese solo hecho, se nos considera como personas incompatibles con el ejercicio de a función policial, llegándose a la bajeza de montar operativos con acusaciones graves y falsas”.
